Por Isabel Saavedra, miembro del Comité Médico de ALAFAL
La anemia, una preocupación crítica de salud pública, es un problema que afecta a todos. Aunque el Gobierno ha implementado diversos planes y estrategias para enfrentarlo, la efectividad de estos esfuerzos aún es cuestionable. El nuevo Plan Multisectorial de Lucha contra la Anemia, que busca reducir la prevalencia a menos del 30% para el 2030, es más realista que sus predecesores. Sin embargo, su éxito dependerá de la colaboración intersectorial y de la capacidad del Estado para adaptarse a condiciones cambiantes y enfrentar eventos imprevistos, como ocurrió con la pandemia, que reveló debilidades en la coordinación y ejecución de políticas públicas.
La anemia tiene un impacto económico significativo en el Perú. En 2021, estudios estimaron que las pérdidas económicas superaron los S/ 5,000 millones, equivalentes al 0.74% del PBI. Estas pérdidas derivan de la disminución de la productividad laboral y el aumento de los costos en salud.
El presupuesto asignado para combatir la anemia ha sido considerable, pero la eficiencia en su distribución sigue siendo un desafío. Las regiones rurales, donde la prevalencia es alarmantemente alta (53.3% en la selva rural, según el Plan Multisectorial), no siempre reciben recursos de manera adecuada. La movilidad de la población agrava esta situación, creando interrupciones en los tratamientos y dificultando un seguimiento preciso.
Es esencial que el Plan Multisectorial sea flexible y adaptable a las realidades específicas de cada región. Las políticas nacionales deben permitir que los gobiernos regionales implementen estrategias ajustadas a sus necesidades. Otro problema frecuente es la veracidad de la información que proporcionan madres o cuidadores, muchas veces registrada con direcciones no acordes a la realidad, lo que dificulta la localización del niño durante el monitoreo y afecta la continuidad del tratamiento.
La base de datos demográfica utilizada para la distribución del presupuesto no está actualizada, lo que lleva a una asignación ineficiente de recursos. Mejorar los sistemas de registro y monitoreo es esencial para garantizar que todas las regiones reciban el apoyo necesario y que los tratamientos se completen sin interrupciones.
Además, es crucial ampliar el enfoque más allá de los niños menores de tres años, incluyendo a los de cuatro y cinco años que también sufren anemia, pero no reciben la misma atención priorizada. La desnutrición crónica, que afecta al 12% de los menores de cinco años, debe ser abordada como una causa subyacente crítica.
No basta con distribuir suplementos de hierro, es crucial educar a la población sobre prácticas alimenticias saludables, higiene y saneamiento. La relación entre parasitosis y anemia es un ejemplo claro de cómo la falta de conocimiento y recursos perpetúa el problema. Intensificar la educación en todas las regiones es vital para asegurar la efectividad de los tratamientos y suplementos.
Combatir la anemia en Perú requiere un enfoque integral que combine una asignación adecuada de recursos, educación intensiva y una implementación flexible adaptada a las realidades regionales. Solo así podremos avanzar hacia un país libre de anemia, donde todas las gestantes y todos los niños tengan la oportunidad de vivir una vida saludable y plena. La lucha contra la anemia es tanto un imperativo de salud pública como una necesidad económica y social, y debe ser abordada con la seriedad y el compromiso que requiere.